Sala IV ordena al MEP construir nueva escuela en Liberia tras siete años de espera

La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Educación Pública (MEP) construir la nueva Escuela Barrio La Cruz, en Liberia, luego de determinar que los retrasos acumulados durante varios años son injustificados y afectan el derecho a la educación de cerca de 300 estudiantes.

La decisión surge tras la resolución de un recurso de amparo presentado por padres de familia de la comunidad, quienes denunciaron la falta de avances en el proyecto pese a que el centro educativo fue declarado inhabitable desde 2019.

En la sentencia, los magistrados concluyeron que el tiempo transcurrido desde la clausura de la escuela y la ausencia de una solución definitiva resultan incompatibles con las obligaciones del Estado.

«El plazo transcurrido —y el que resta por esperar— resulta excesivo e irrazonable», señala el fallo.

Escuela fue clausurada hace siete años

La situación se remonta al año 2019, cuando el Ministerio de Salud declaró inhabitable la infraestructura de la Escuela Barrio La Cruz debido a las condiciones que presentaba el inmueble.

Desde entonces, los estudiantes fueron trasladados a las antiguas instalaciones de la Escuela Laboratorio John F. Kennedy, donde continúan recibiendo lecciones en condición provisional.

Sin embargo, siete años después de la declaratoria de inhabitabilidad, la construcción del nuevo centro educativo aún no ha iniciado.

La prolongada espera provocó el malestar de los padres de familia, quienes durante años realizaron gestiones ante diferentes dependencias del MEP y otras instituciones públicas sin obtener una fecha concreta para el inicio de las obras.

Padres denuncian años de promesas incumplidas

La representante de los padres de familia, Eileen Rueda, aseguró que la comunidad ha escuchado durante años anuncios y promesas que nunca se concretan.

«Desde que estaba una sobrina mía en la escuela vengo escuchando lo mismo, y mi sobrina ya tiene como 23 años», comentó.

Por su parte, la abogada Ana Laura Mena, quien presentó el recurso de amparo, explicó que durante años las respuestas institucionales se limitaron a informar que el proyecto seguía en trámite.

«Nos tiraban la bola para un lado y para el otro. Lo único que nos daban eran constancias de que estaba en trámite, que estaba aprobado, pero que había que esperar», manifestó.

La Sala fija plazo hasta 2028

Como parte de la resolución, la Sala Constitucional ordenó a la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) concluir la construcción de las nuevas instalaciones antes de febrero de 2028.

Además, condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios derivados del incumplimiento.

Los magistrados indicaron que las autoridades educativas conocían desde hace varios años la situación de la escuela y que el tiempo transcurrido carece de una justificación razonable.

Interés superior del menor fue clave

La abogada Mena explicó que el recurso fue planteado desde la perspectiva del interés superior del menor, considerando que los principales afectados son cerca de 300 estudiantes que dependen de una infraestructura adecuada para recibir sus lecciones.

Según argumentó, las condiciones físicas de los centros educativos influyen directamente en el ejercicio efectivo del derecho a la educación y en la calidad del proceso de aprendizaje.

Muchos de los estudiantes que asisten a esta escuela pertenecen además a familias en condición de vulnerabilidad social.

Resolución ya genera acciones

Tras conocerse la sentencia, la Dirección de Infraestructura Educativa anunció mejoras en las instalaciones temporales donde actualmente reciben clases los estudiantes.

Entre los trabajos anunciados figuran intervenciones en los servicios sanitarios y otras áreas de la infraestructura provisional.

Para los padres de familia, la resolución de la Sala IV parece haber acelerado las acciones institucionales.

«Sí están fluyendo las cosas, pero por el salacuartazo, suponemos que se están poniendo las pilas», expresó Rueda.

Hasta el cierre de esta información, el Ministerio de Educación Pública no había emitido una posición oficial sobre la resolución judicial ni sobre las acciones que implementará para cumplir con el plazo establecido por la Sala Constitucional.