Recope exige justicia ante liberación de implicados en el mayor caso de robo de combustible del país
Un golpe a la lucha contra el crimen organizado: Recope exige justicia ante liberación de implicados en el mayor caso de robo de combustible del país
● Esta decisión se tomó pese a pruebas contundentes, 55 allanamientos y
pérdidas superiores a ₡5.000 millones, en un caso que compromete la seguridad ciudadana, energética y ambiental del país.
Recope manifiesta su total preocupación ante la decisión judicial tomada el pasado viernes por el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de Limón, que ordenó la liberación de dos imputados clave en el caso más significativo de robo de combustible en la historia reciente del país, conocido como caso «Petrococa».
Este proceso judicial marcó un precedente al ser el primero en Costa Rica en ser calificado como crimen organizado por sustracción de combustibles.
Los imputados Méndez Contreras y Arrieta Reyes, vinculados directamente a las organizaciones criminales que sustrajeron grandes volúmenes de combustibles de las líneas de transporte de Recope, fueron puestos en libertad bajo condiciones como: firmar semanalmente, prohibición de salida del país, mantener domicilio y empleo fijo, entre otros.
Estas decisiones fueron tomadas a pesar de que existen pruebas sólidas, múltiples decomisos y más de ₡5.000 millones en pérdidas económicas derivadas del accionar de estas bandas criminales, que fueron objeto de 55 allanamientos en Turrialba y Limón y cuyas acciones han puesto en riesgo la seguridad ciudadana, energética y ambiental del país.
Por este caso, solo entre octubre de 2023 y marzo de 2024 se decomisaron más de 127.000 litros de combustible en diferentes operativos.
Además, se detectaron túneles clandestinos, tomas ilegales y transportes ocultos de gasolina dentro de propiedades privadas.
Recope ha asumido un rol activo y firme en la lucha contra el crimen organizado vinculado al robo de combustibles, invirtiendo en tecnología, seguridad, capacitación interinstitucional, y mecanismos de control.
No obstante, estas acciones pierden fuerza si el Poder Judicial no acompaña con contundencia, proporcionalidad y urgencia este esfuerzo nacional.
“¿Qué mensaje estamos enviando a los grupos criminales?
¿Cómo se protege la integridad del país si los responsables de delitos con este nivel de afectación son liberados bajo condiciones mínimas?
Nosotros en Recope reiteramos el compromiso con la seguridad nacional, pero hacemos un llamado urgente al poder judicial para que actúe con mayor rigor, en apego al interés público y en consonancia con la magnitud del daño causado.
El país no puede permitirse retrocesos en una lucha que apenas comienza.”, manifestó Karla Montero, presidenta de Recope.
