La crisis de representación en Costa Rica
Msc. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.
Ex magistrada suplente de la Sala Constitucional
Ministra de Planificación y Política Económica
Lo prometido es deuda y por ello les escribo estas líneas que espero nos ayuden a comprender porque la ciudadanía se siente tan desilusionada de los partidos políticos y sus líderes.
El peor escenario lo evidencia el más político de todos los poderes, la Asamblea Legislativa.
Este último entre las instituciones peor calificados por la población. Sin embargo, me parece que la peor calificación que pueden tener los partidos políticos es la abstención de la población en las elecciones nacionales y municipales donde claramente se refleja el descontento de la población con los candidatos y partidos políticos.
Si a esto le sumamos que en cada elección de diputados se vota en bulto sin saber ni conocer por que candidatos estamos votando y menos su quehacer en la función pública, claramente estamos en el peor escenario de representación.
Hoy los jóvenes no se motivan en la política porque no se sienten integrados y la forma en que han venido trabajando los partidos políticos tradicionales no logra conquistar a la población y menos a nuestra juventud.
No podría jamás justificar el abstencionismo pero lo comprendo y ello nos obliga como sociedad a buscar alternativas que logren una mayor participación ciudadana en elecciones nacionales y municipales.
La elección directa de diputados cada vez se ve más como una necesidad de representación que evitaría que los partidos tradicionales nombren a sus dirigentes tradicionales en la Asamblea Legislativa.
Esta es una discusión pendiente que requerirá cambios legislativos relevantes y sobre los que el país no puede dejar pasar más tiempo.
Hoy mas que nunca conocemos la importancia que tiene designar diputados que no solo conozcan del estado costarricense sino, que tengan un legítimo interés en mejorar la calidad de vida de los costarricenses.
Las redes sociales pueden ser un medio vital para conocer a quienes se impulsen como diputados en las próximas elecciones y se vuelve fundamental que quienes aspiren a esos cargos nos faciliten sus hojas de vida con transparencia y que no omitan datos que pueden ser relevantes a la hora de votar. Por ahora no habrán cambios en la forma de elegir diputados pero, si queremos recuperar la “vieja promesa de la representación” que está incluida en el artículo 9 de nuestra constitución los cambios no deben esperar mas.
La representatividad, o sea, que cada uno de nosotros logremos sentir que somos parte de la toma de decisiones, es una más de tantas promesas no cumplidas.
Esto implica que hay una discusión pendiente sobre este tema que ya no puede esperar más.
Podríamos decir que es una linda promesa que no ha pasado de ser un sueño, un anhelo que desde lo más profundo de nuestro corazón queremos alcanzar.
Pero, a lo largo del tiempo, se nos endulza el corazón con falsas promesas y vemos como se esfuma lo que el pueblo busca, ser parte de las decisiones fundamentales del país.
El mejor ejemplo de una promesa para alcanzar algún grado de representación es el referéndum.
Son tantas las excepciones que se han ido incorporando mediante la propia constitución, leyes y decisiones constitucionales y de orden electoral, que hoy lo que va quedando para análisis de la población es lo menos relevante y con un costo altísimo. O sea, nos dieron atolillo con el dedo una vez más. ¿ Cual era el miedo de los legisladores cuando limitaron el referéndum? ¿Será miedo a que la población tome decisiones relevantes? ¿Será miedo a que la población pida la cabeza de algún funcionario público por la vía del referéndum?
Nuestro país es una de las más sólidas democracias del mundo. Para llegar a ese nivel es porque tenemos una población educada y que cuenta, ahora sí, con adecuados medios de información que le pueden permitir tomar decisiones informadas.
El proceso de la Ley Jaguar nos dejó un verdadero sinsabor porque se le prohibió a la población decidir si quería o no una ciudad gobierno y una sola persona, Acosta, detuvo un proceso que era de interés de todos los costarricenses y que evitó que se generaran ahorros sustanciales no solo en el pago de alquileres sino, en la simplificación de la colaboración interinstitucional.
Lo más preocupante que hizo la Contralora Acosta es que nunca actúa de forma anticipada y en el caso de ciudad gobierno se vino con patada voladora y amenazas de denuncia al Ministerio Público.
Algunos aspectos que la población no conoce y que se los expongo en este documento es que funcionarios de la Contraloría, sin la existencia de orden judicial, prácticamente allanaron computadoras de Mideplan para “investigar”. Que agilidad y bueno ahora uno entiende porque la Fiscalía los llama para allanar la CCSS, trabajan en conjunto y la Contraloría ni siquiera requiere orden de un juez. Impresionante verdad.
Algunos funcionarios en este país de verdad que no conocen las leyes o son tan poderosos que se la saltan con garocha y no les pasa nada.
Pareciera que ellos si tienen inmunidad o talvez un fuero de protección “especial” y se les respeta. Por este tipo de actuaciones cada vez menos la población se va informando de la famosa “institucionalidad” pero es para unos pocos y para defender actuaciones como esas que señalo.
El autor Gargarella nos indica en su análisis “La derrota del Derecho en América Latina, que la ciudadanía quedó por fuera del proceso de toma de decisiones. Y esto es precisamente lo que ha provocado que nuestra población no asista a votar en las elecciones, no se siente representada porque ni siquiera ha sido informada de quienes son los candidatos y es probable que ni siquiera le interese porque no conoce la relevancia que tiene el voto el día de las elecciones.
A la población no se le informa que es lo que tiene que hacer la Contralora y si lo hace bien o no. Igual con los magistrados, fiscalía, entre otros.
Ustedes se imaginan que la población le pudiera pedir a la fiscalía los indicadores de su gestión para ver por ejemplo, cuanto duran los procesos de corrupción denunciados, por que hay casos de corrupción que tienen más de 20 años sin una sentencia, en los casos que no llegan a nada, la mayoría, cuales son las razones y si ese costo lo paga la población o quien hizo mal su trabajo. Cuando el país llegue a esa madurez de rendición de cuentas que inició en su momento el movimiento de Territorios Seguros, la función pública será diferente y logrará algo estratégico, un buen funcionamiento institucional independientemente de quien ocupe el cargo.
Por eso, es fundamental que mediante el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos, podamos explicar lo relevante que es votar en las elecciones y como, el voto puede ser la diferencia entre un estado al servicio de unos pocos o un estado al servicio de los ciudadanos. Sigamos construyendo los cambios que requiere nuestro estado social de derecho en el que la representación es esencial para que nadie se quede atrás.
