Nueva propuesta de Ley del Frente Amplio para penalizar la colaboración con el crimen organizado
Introducción a la Propuesta de Ley 24.371
La fracción legislativa del Frente Amplio (FA) ha presentado un nuevo proyecto de ley con el objetivo de penalizar a los funcionarios públicos que beneficien al narcotráfico y al crimen organizado. La propuesta de ley 24.371 busca crear un nuevo tipo penal para abrir investigaciones en estos casos y condenar con mayores penas a aquellos imputados de valerse de su cargo para apoyar estas actividades ilícitas.
Aplicación de la Ley en Función del Cargo
La aplicación de esta ley se daría en dos direcciones. Primero, se enfocaría en los funcionarios sin rango jerárquico, a quienes se les impondría penas de cárcel de 3 a 5 años en caso de condena por tráfico de influencias. Esto eliminaría la posibilidad de que estos funcionarios se aferren a la ejecución condicional y no cumplan prisión por cometer este acto delictivo.
Penas Agravadas para Altos Cargos Públicos
En segundo lugar, la ley contempla un agravante para miembros de los supremos poderes, como el presidente de la república, ministros, magistrados y diputados, entre otros. Debido a su mayor grado de autoridad, poder y responsabilidad, estos altos cargos públicos recibirían penas de entre 5 a 10 años si se demuestra que han favorecido a personas con condenas previas, indiciadas o en investigación.
Modificaciones al Artículo 52 de la Ley contra la Corrupción
La iniciativa también busca modificar el artículo 52 de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. El nuevo tipo penal permitirá tipificar “las acciones de funcionarios públicos tendientes a beneficiar valiéndose de su cargo para llevar a cabo adjudicaciones de contratos del estado, permisos de cualquier tipo, así como concesiones, contratos, actos o resoluciones, que beneficien de manera directa o indirecta a dichas organizaciones criminales”, según señala el texto.
Conclusión
La propuesta de ley 24.371 del Frente Amplio representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Al establecer penas más severas y eliminar la posibilidad de ejecuciones condicionales, esta iniciativa busca asegurar que los funcionarios públicos no utilicen su posición de poder para beneficiar actividades ilícitas.
