Un total de 30 diputados aprobaron la tarde de este lunes el informe de mayoría que investigó las contrataciones de pauta publicitaria realizadas por el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). El informe fue debatido durante más de tres horas, donde cada fracción parlamentaria destacó las principales conclusiones del documento.
Resultados del Debate
Durante la votación, los diputados oficialistas, así como los de la fracción de Nueva República y los del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Carlos Robles y Leslye Bojorges, votaron en contra del informe. Por otro lado, María Marta Carballo y Horacio Alvarado, también del PUSC, decidieron salir del plenario para no votar.
Principales Conclusiones del Informe
El informe concluye que la agencia de publicidad de Sinart fue utilizada para concentrar toda la pauta del Estado y politizarla, asignándola a medios afines al Gobierno. Vanessa Castro, diputada del PUSC, afirmó que el Gobierno usó medios aliados como caja de resonancia del discurso oficialista, manipulando y controlando los medios de comunicación.
El informe identifica cuatro objetivos de la administración actual para la agencia de publicidad de Sinart:
- Fortalecer financieramente al Sinart como un canal pro-gobierno.
- Castigar a los medios tradicionales.
- Invertir en medios más pequeños y alternativos, manipulando los presupuestos.
- Desarrollar proveedores aliados y pagar favores políticos.
Irregularidades y Recomendaciones
Entre las irregularidades señaladas, el informe menciona que Federico Cruz Saravanja ejerció como funcionario de hecho, gestionando contratos y decisiones sobre fondos públicos bajo designaciones del presidente de la República y el Comité Editorial.
Se pide investigar al presidente Chaves y a los miembros del Comité Editorial por utilizar el Sinart con fines políticos, sometiéndolo a una crisis sin precedentes. Además, se cuestiona la participación de la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, en el Comité Editorial, lo que contraviene el artículo 111 de la Constitución Política.
Investigación a la Presidenta de la JPS
El informe también recomienda investigar a Esmeralda Britton González, presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), por presunto tráfico de influencias y falso testimonio. Se concluye que trasladó el programa «La Rueda de la Fortuna» a Sinart por órdenes del presidente, en contra de criterios técnicos.
Otras Investigaciones Solicitadas
Se pide investigar a varios funcionarios del Sinart y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por presunto tráfico de influencias y manipulación de contratos. Además, se señala al presidente Chaves y a su asesor de comunicación, Federico Cruz, por su participación en contratos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Recomendación al TSE
Finalmente, el informe solicita al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigar la participación de la diputada Cisneros en el Comité Editorial del Poder Ejecutivo, en contravención del artículo 111 de la Constitución Política.
Tras su aprobación, la documentación recopilada en las investigaciones será remitida a la Fiscalía y a otras entidades pertinentes para su debido procesamiento.
Un total de 30 diputados aprobaron la tarde de este lunes el informe de mayoría que investigó las contrataciones de pauta publicitaria realizadas por el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). El informe fue debatido durante más de tres horas, donde cada fracción parlamentaria destacó las principales conclusiones del documento.
Resultados del Debate
Durante la votación, los diputados oficialistas, así como los de la fracción de Nueva República y los del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Carlos Robles y Leslye Bojorges, votaron en contra del informe. Por otro lado, María Marta Carballo y Horacio Alvarado, también del PUSC, decidieron salir del plenario para no votar.
Principales Conclusiones del Informe
El informe concluye que la agencia de publicidad de Sinart fue utilizada para concentrar toda la pauta del Estado y politizarla, asignándola a medios afines al Gobierno. Vanessa Castro, diputada del PUSC, afirmó que el Gobierno usó medios aliados como caja de resonancia del discurso oficialista, manipulando y controlando los medios de comunicación.
El informe identifica cuatro objetivos de la administración actual para la agencia de publicidad de Sinart:
- Fortalecer financieramente al Sinart como un canal pro-gobierno.
- Castigar a los medios tradicionales.
- Invertir en medios más pequeños y alternativos, manipulando los presupuestos.
- Desarrollar proveedores aliados y pagar favores políticos.
Irregularidades y Recomendaciones
Entre las irregularidades señaladas, el informe menciona que Federico Cruz Saravanja ejerció como funcionario de hecho, gestionando contratos y decisiones sobre fondos públicos bajo designaciones del presidente de la República y el Comité Editorial.
Se pide investigar al presidente Chaves y a los miembros del Comité Editorial por utilizar el Sinart con fines políticos, sometiéndolo a una crisis sin precedentes. Además, se cuestiona la participación de la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, en el Comité Editorial, lo que contraviene el artículo 111 de la Constitución Política.
Investigación a la Presidenta de la JPS
El informe también recomienda investigar a Esmeralda Britton González, presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), por presunto tráfico de influencias y falso testimonio. Se concluye que trasladó el programa «La Rueda de la Fortuna» a Sinart por órdenes del presidente, en contra de criterios técnicos.
Otras Investigaciones Solicitadas
Se pide investigar a varios funcionarios del Sinart y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por presunto tráfico de influencias y manipulación de contratos. Además, se señala al presidente Chaves y a su asesor de comunicación, Federico Cruz, por su participación en contratos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Recomendación al TSE
Finalmente, el informe solicita al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigar la participación de la diputada Cisneros en el Comité Editorial del Poder Ejecutivo, en contravención del artículo 111 de la Constitución Política.
Tras su aprobación, la documentación recopilada en las investigaciones será remitida a la Fiscalía y a otras entidades pertinentes para su debido procesamiento.
