Aprobado proyecto para la protección de la niñez y adolescencia
Un total de 41 diputados aprobaron este lunes en segundo debate el expediente 23.642, un proyecto que busca una mejor articulación y respuesta de las instituciones encargadas de velar por la niñez y la adolescencia.
Objetivos del proyecto
La propuesta tiene como objetivo redirigir fuentes de financiamiento que ya cuentan las instituciones públicas, sin crear más impuestos, para darle un sustento legal a la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social.
Coordinación interinstitucional y sectorial
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios, explicó que este organismo debería ser capaz de articular y coordinar a las instituciones públicas para lograr una planificación interinstitucional y sectorial. El objetivo es unificar un protocolo para que entidades como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Educación Pública (MEP), de Salud y Justicia y Paz, junto al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), puedan atacar casos de violencia contra niños y adolescentes.
Se pretende crear un índice de seguridad ciudadana con el fin de generar un indicador relacionado con las actividades y programas de prevención que realicen las instituciones públicas. Este índice se realizará mediante una metodología y ponderación de valores asignados a indicadores, los cuales serán desarrollados y aplicados por el Viceministerio de Paz.
Importancia de la prevención del delito y la violencia
La diputada Larios comentó que es evidente la necesidad de trabajar en prevención del delito y de la violencia para abordar de manera integral el problema de inseguridad. Por lo tanto, una legislación que ayude a dar sostenibilidad a las acciones coordinadas y articuladas será una alternativa propicia para el país. Actualmente, existen muchas acciones institucionales que se están realizando sin una adecuada articulación entre las instituciones.
Financiamiento del proyecto
El proyecto ordena redirigir el 2% de transferencia que hacen las municipalidades de los recursos provenientes de la ley sobre el impuesto de bienes inmuebles. Actualmente, ese 2% se redistribuye de la siguiente manera: 1% se transfiere a la Junta Administrativa del Registro Nacional, un 0.5% se transfiere al Viceministerio de Paz, un 0.40% queda en las municipalidades para inversión en programas de prevención y un 0.10% se transfiere a FLACSO para el desarrollo del índice de seguridad ciudadana, investigación y cooperación técnica y científica en temas de prevención de la violencia.
Según los presupuestos municipales del año 2023, el 2% de transferencia de las municipalidades correspondería a ¢2.946.844.348.65.
Opiniones en contra del oficialismo
La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, explicó que si bien ellos están de acuerdo con la propuesta por el fondo, cuestionan la forma en que se quiere financiar, por eso votaron en contra. Alegó que al quitarle los recursos del 1% que recibe el Registro Nacional y redireccionarlos a este nuevo ente, se afectará los servicios que brinda esta entidad, principalmente en lo que respecta a la seguridad jurídica para evitar los fraudes registrales. Además, agregó que se afectaría el proyecto del mapa del catastro nacional, perjudicando a las municipalidades y la recaudación de impuestos territoriales.
La diputada Larios indicó que el Registro Nacional no contestó la consulta que se hizo sobre el proyecto. Además, el proyecto señala que los recursos se girarán a partir de enero de 2027, evitando así que se afecten los recursos para el mapa catastral que estaría terminando a finales del 2026, según el Ministro de Justicia, Gerald Campos.
