La Contraloría General de la República (CGR) ha declarado procedente el uso del superávit del Ministerio de Educación Pública (MEP) para cubrir los gastos del cierre técnico con la Fundación Omar Dengo (FOD).
Esta decisión fue comunicada al presidente de la Junta Administrativa de la FOD, Otto Silesky, quien solicitó la evaluación jurídica sobre la viabilidad del uso de estos recursos para el Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie).
Según la Contraloría, los recursos asignados pueden legalmente sufragar los costos asociados al cierre del Pronie, ya que este proceso forma parte integral del programa.
«Es jurídicamente procedente utilizar los recursos de un superávit específico para sufragar los gastos asociados al cierre o término de la finalidad particular para la cual se dispusieron; en el tanto el finiquito de una relación es parte de la misma,» señaló Humberto Perera, Gerente de Área de la CGR, en el documento DFOE-CAP-1432.
Sin embargo, esta disposición debe realizarse en conformidad con el ordenamiento jurídico, incluyendo las normas presupuestarias y las disposiciones que definen finalidades específicas para ciertos fondos.
Por su parte, el MEP ha mostrado desacuerdo con esta interpretación. En un oficio firmado por el Director de Asuntos Jurídicos del MEP, la institución sostuvo que la FOD no puede utilizar el superávit específico para las actividades del cierre técnico del Pronie, ya que el destino aprobado de esos recursos era para promover y facilitar la ejecución del Programa de Informática Educativa y sus componentes.
«Autorizar los recursos generaría un desvío de los fondos públicos y en tal sentido, cabe recordar que es responsabilidad de la Administración activa dar un adecuado uso de esos recursos,» puntualizó el MEP en su respuesta a la Contraloría.
A pesar de estas diferencias, la CGR mantiene que ambas partes, el MEP y la FOD, deben ajustarse al marco legal en la terminación de su relación contractual.
«No se omite indicar que los recursos aportados por las administraciones públicas nunca dejan de ser fondos públicos; por ende, se ejerce un control sobre un patrimonio público,» reafirmó la Contraloría, subrayando que los remanentes de fondos transferidos a entidades privadas siguen siendo recursos públicos bajo la responsabilidad del ente que los aportó.
Se consultó al MEP sobre su postura respecto a la omisión de pagar con el superávit el cierre técnico con la FOD, pero al cierre de esta nota no se ha obtenido una respuesta.
