Rodrigo Chaves califica de “dictadura judicial” la decisión de la Sala IV de frenar el presupuesto 2027
San José. El ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, reaccionó con dureza a la decisión de la Sala Constitucional de suspender la discusión y votación en segundo debate del Presupuesto Nacional 2027.
Chaves se refirió a dos medidas cautelares dictadas el lunes 9 de noviembre por los magistrados Fernando Cruz Castro e Ingrid Hess Herrera.
“Hubo dos anuncios ayer de la Sala Constitucional que le deben parar la peluca a todos los costarricenses. El primero se refiere al presupuesto de la República donde los que hablan de independencia de poderes, vean el descaro de Fernando Cruz, le ordenan, y una señora de apellido Hess, Ingrid Hess, le ordenan al Congreso en resoluciones separadas no votar en segundo debate el presupuesto de la República”, dijo Chaves.
¿Qué piensan hacer respecto a la decisión de la Sala?
Chaves no anunció una acción legal concreta para revertir las medidas cautelares, pero sí dejó claro que el Gobierno no comparte la decisión y que la considera un abuso de poder.
Su posición es que la Sala IV se está extralimitando y “destronando” a otro poder de la República:
“¿Cómo que la Asamblea Legislativa le diga a la Sala IV y a la Corte Plena, ustedes no pueden sentarse y discutir un tema? Le ordena no votarlo y otro le ordena no discutirlo. Si eso no es dictadura judicial, yo no sé qué es”, cuestionó.
“Si eso no es destronar a un poder de la República de parte de una serie de jueces que lo único que están haciendo es defender sus intereses, yo no sé qué es”, agregó.
El jerarca también acusó al Poder Judicial de usar el presupuesto como mecanismo de presión:
“El Poder Judicial, bueno, todo esto ha llevado a la extorsión y al chantaje. El Poder Judicial está en pie de guerra contra la democracia, la separación de poderes, la responsabilidad fiscal”.
En la práctica, lo que queda es esperar. La Sala ordenó abstenerse de discutir y aprobar en segundo debate el expediente 25.754 antes del 29 de noviembre de 2026, mientras resuelve las consultas de constitucionalidad.
La primera consulta es del Poder Judicial, por las normas 9, 10, 11 y 12 que condicionan el uso de ¢29.843,8 millones, el 5,6% de su presupuesto, y restringen traslados y plazas.
La segunda consulta es de 12 diputados de Frente Amplio y PLN, por el recorte de ¢8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Ninguna de las dos medidas cautelares declara inconstitucional el presupuesto. Son órdenes provisionales para que la Sala pueda resolver antes de que el presupuesto quede aprobado definitivamente.
El presupuesto debe quedar aprobado antes del 30 de noviembre, según el artículo 178 de la Constitución.
¿Qué le parece que se diera tan rápido?
Chaves cuestionó la velocidad con la que se dictaron las dos resoluciones, el mismo día en que estaba previsto el segundo debate.
Para el ministro, la rapidez demuestra que no se trató de un trámite normal, sino de una decisión para frenar al Congreso y defender los intereses del propio Poder Judicial.
Su crítica central es que la Sala actuó en horas, con medidas cautelares “urgentísimas”, mientras otros temas urgentes para el país tardan meses o años en resolverse.
La primera medida, la de Fernando Cruz, se dictó a la 1:03 p.m. del lunes 9 de noviembre, a solicitud de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas.
La segunda, la de Ingrid Hess, se dictó a las 6:00 p.m. de ese mismo día, a solicitud de los 12 diputados, y amplió la prohibición no solo a no votar, sino a no discutir el presupuesto.
Chaves insistió en que esa rapidez y ese alcance son la prueba de que hay una intromisión en las funciones de la Asamblea Legislativa.
