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Preocupante colaboración de Exfuncionarios Judiciales con el Crimen Organizado

Reconocimiento de una Realidad Alarmante

El fiscal adjunto de la Fiscalía General de la República, Mauricio Boraschi, reconoció ante los diputados que hay exjueces y exfiscales que actualmente litigan y ofrecen “trabajo” a funcionarios judiciales para colaborar con bandas del crimen organizado.

Esta revelación pone de manifiesto una preocupante realidad sobre la infiltración de exfuncionarios en actividades criminales.

Creación de Empresas Falsas

Además, Boraschi señaló que expolicías están creando empresas falsas para colaborar con estos grupos.

“Tenemos información de gente que en algún momento fue empleado de las fuerzas policiales, que en este momento le brinda ‘servicios’ a grupos criminales, con mamparas legales como la formación de empresas de seguridad”, explicó.

Este tipo de acciones dificultan la lucha contra el crimen organizado, al presentarse bajo una fachada legal.

Reclutamiento Interno en el Poder Judicial

Boraschi también indicó que existen campañas de reclutamiento interno en el poder judicial.

“No es nuevo para nosotros ver abogados defensores, que en algún momento fueron fiscales o jueces, que hoy están asociados a la defensa de casos de delincuencia organizada, que andan ofreciendo ‘trabajo’ a los funcionarios y se salgan del poder judicial y pasen ‘a la empresa privada’ con paquetes de beneficios”, agregó.

Esta situación presenta un desafío significativo, ya que los beneficios ofrecidos por los grupos criminales no pueden ser igualados por el poder judicial.

Conductas Recurrentes en Otros Países

Boraschi subrayó que este tipo de ofrecimientos ya se han observado en otros países donde el crimen organizado ha escalado, como México y Guatemala.

Los grupos criminales asedian a los policías y funcionarios para que se pasen de bando, replicando conductas que dificultan aún más la lucha contra el crimen.

El fiscal adjunto y el fiscal general de la república, Carlo Díaz, fueron llamados por los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para que dieran su criterio sobre el proyecto 24.047.

Esta reforma al código procesal penal no solo busca aumentar las penas para quienes cometan homicidios por sicariato, sino también castigar a las personas que colaboren con esta actividad criminal.

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