Policía Penitenciaria mantiene férreos controles y cero tolerancia al ingreso de artículos prohibidos
La constante labor de vigilancia y control que desarrolla la Policía Penitenciaria en los centros penales del país permitió el decomiso de una tarjeta de memoria que pretendía ser ingresada al Centro de Atención Institucional (CAI) Calle Real de Liberia.
Los hechos ocurrieron ese domingo 12 de julio, cuando una mujer de apellido Gutiérrez buscó ingresar al centro penitenciario para realizar una visita familiar a una persona privada de libertad.
Durante el protocolo de revisión efectuado por oficiales penitenciarias, no se detectó ningún objeto ilícito en la inspección corporal; sin embargo, al proceder con la revisión de un monedero que portaba la visitante, cayó al suelo una tarjeta de memoria de 128 gigabytes, evidenciando un intento de introducir un dispositivo electrónico no autorizado al centro penal.
De inmediato, la mujer fue trasladada a la Oficialía de Guardia para la realización de las diligencias correspondientes y, tras coordinación con la Fiscalía de Liberia, se ordenó su remisión a las autoridades judiciales para continuar con el proceso legal respectivo.
Este caso evidencia la efectividad de los controles implementados por la Policía Penitenciaria y la firme política institucional de cero tolerancia contra la corrupción y cualquier intento de introducir objetos prohibidos a las cárceles del país.
Entre el 8 de mayo y el 12 de julio de 2026, la Policía Penitenciaria ha decomisado un total de 268 chips para teléfono, lo que representa un promedio de cuatro decomisos diarios en los diferentes centros penales del país. Asimismo, durante este periodo, 141 personas fueron remitidas al Ministerio Público por intentar ingresar distintos tipos de ilícitos a los establecimientos penitenciarios.
Las autoridades recuerdan que la Ley para Sancionar Penalmente a las Personas que Introduzcan Ilegalmente Teléfonos Celulares, Satelitales u Otros Medios de Comunicación o Electrónicos en los Centros Penitenciarios de Costa Rica establece penas de dos a cuatro años de prisión para quienes, sin autorización, posean, faciliten o procuren el ingreso de teléfonos celulares, dispositivos de comunicación, componentes tecnológicos o tarjetas SIM a las cárceles del país.
La legislación también contempla un agravante cuando estas conductas sean cometidas por funcionarios públicos, proveedores, abogados u otras personas que cuenten con autorizaciones especiales de ingreso, aumentando la sanción en una tercera parte.
La Policía Penitenciaria reiteró que los controles se mantienen de manera permanente y rigurosa en todos los centros penitenciarios del país, por instrucción del Ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, con el objetivo de garantizar la seguridad institucional y prevenir actividades delictivas.
