Ministro de Justicia y Paz denunciará penalmente al fiscal general y a fiscales que se negaron a procesar casos de celulares en cárceles.

San José, 10 de junio del 2026.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, presentará una denuncia penal contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, y contra los fiscales que ordenaron tramitar por la vía administrativa decenas de casos relacionados con el intento de ingreso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos a centros penitenciarios del país.

La decisión surge después de que las autoridades descubrieron que, pese a la entrada en vigencia de la reforma al artículo 257 del Código Penal, el 30 de abril del 2025, que establece penas de entre dos y cuatro años de prisión para quien procure por cualquier medio el ingreso de teléfonos celulares, satelitales u otros aparatos electrónicos de comunicación a establecimientos penitenciarios de modalidad cerrada, múltiples casos no fueron perseguidos penalmente.

Registros institucionales revelan que entre el 1.° de enero y el 6 de junio del 2026 se contabilizaron 90 decomisos, entre teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, en accesos a cárceles del país que terminaron siendo tramitados administrativamente, pese a existir una norma penal vigente.

Los datos evidencian una conducta reiterada:

• Enero: 18 casos.

• Febrero: 10 casos.

• Marzo: 20 casos.

• Abril: 20 casos.

• Mayo: 17 casos.

• Primera semana de junio: cinco casos.

Prácticamente uno de cada dos decomisos estuvo relacionado con encomiendas para un total de 44 casos, precisamente uno de los mecanismos sobre los que el Ministerio decidió reforzar recientemente los controles de seguridad. Se suman 36 casos durante visitas generales, dos casos durante visitas íntimas, tres casos durante visitas de abogados y cinco casos mediante otras modalidades.

“Da pena, asco y vergüenza la actuación de la Fiscalía. Y aquí hay un único responsable y es usted Carlo Díaz, fiscal general de la República. Costarricenses, ¿ustedes saben cuánto cuesta pasar una ley? Una ley que se firmó hace un año exactamente, que meter celulares a la cárcel es un delito, como para que vengan fiscales a decir simplemente: ’No, eso no nos corresponde a nosotros, eso es un tema administrativo”, expresó el ministro Aguilar en conferencia de prensa de Consejo de Gobierno, en Casa Presidencial.

La Policía Penitenciaria considera especialmente preocupante que personas sorprendidas intentando introducir teléfonos celulares, chips y otros dispositivos de comunicación a centros penales no hayan enfrentado procesos penales pese a la existencia de una norma expresa que sanciona estas conductas.

«Intentar meter celulares a una cárcel es delito desde el 30 de abril de 2025. Por esa razón denunciaremos penalmente al fiscal general de la República y a los fiscales que se negaron a procesar penalmente a decenas de personas, pese a que existe una ley vigente.

Las reglas se cumplen dentro y fuera de prisión. Ojalá no engaveten las denuncias», agregó el ministro.

El caso más reciente

El domingo 6 de junio del 2026, a las 10:33 a. m., en la cárcel de Limón, oficiales penitenciarios le decomisaron dos teléfonos celulares y cinco chips a un hombre de apellido Flores, quien pretendía ingresar al centro penal.

Según el informe policial, el visitante portaba los dispositivos en la bolsa del pantalón cuando se encontraba en el proceso de requisa para ingresar a visitar a un privado de libertad.

Tras la coordinación respectiva con la Fiscalía de Limón, la directriz funcional emitida por la fiscala de turno fue tramitar el caso por la vía administrativa al considerar que no existía dolo y que le dijeran al involucrado que eso “es un delito y podía ir preso”.