La “Ley Jaguar” declarada inconstitucional por la Sala Constitucional
En una resolución trascendental adoptada este lunes, la Sala Constitucional declaró inconstitucionales los artículos principales del proyecto de ley 24.364, conocido como la “Ley Jaguar”, promovido por el gobierno de Rodrigo Chaves.
Esta decisión marca un significativo revés para el Ejecutivo, que buscaba convocar a un referéndum para implementar las reformas propuestas.
La decisión del Alto Tribunal se centró en los artículos 2, 3, 4 y 5 del proyecto, los cuales fueron objeto de escrutinio y cuestionamiento por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El TSE, encargado de impulsar la consulta, había expresado serias dudas sobre las implicaciones de estos artículos en las competencias de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR).
Análisis de la Inconstitucionalidad
El TSE argumentó que los cambios propuestos por la “Ley Jaguar” modificarían significativamente las funciones de la CGR, órgano constitucionalmente encargado de controlar y fiscalizar la hacienda pública. En detalle, el TSE señaló que:
- El artículo 2 limitaría la fiscalización de la Contraloría sobre la legalidad de los controles internos, concentrándola exclusivamente en el manejo de fondos públicos.
- El artículo 3 eliminaría los controles previos de la CGR, permitiendo únicamente fiscalizaciones posteriores.
- El artículo 4 impediría a la Contraloría realizar prevenciones y dictar instrucciones u órdenes como parte de sus potestades de control sobre la eficiencia.
- El artículo 5 modificaría las facultades administrativas de la CGR, impidiendo que sus decisiones suspendan la ejecución de actos y contratos del Estado.
Impacto y Reacciones
El gobierno de Rodrigo Chaves ha defendido las reformas como un medio para fortalecer la Contraloría y agilizar el uso de recursos públicos para el desarrollo del país.
Sin embargo, la Sala Constitucional respaldó la posición del TSE, concluyendo que las modificaciones propuestas debilitan las funciones esenciales de la CGR y contravienen la Constitución Política.
Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, explicó que la resolución se basa en que el proyecto de ley afecta las atribuciones constitucionales de la Contraloría, privándola de herramientas cruciales para ejercer sus funciones.
Implicaciones Futuras
Esta resolución subraya la importancia de mantener robustos los mecanismos de control y fiscalización sobre la administración pública.
La decisión de la Sala Constitucional reafirma que cualquier intento de reformar estos mecanismos debe estar en estricta conformidad con los principios y preceptos constitucionales.
El Ejecutivo ahora enfrenta la tarea de revisar y modificar su enfoque para alcanzar los objetivos propuestos sin vulnerar las garantías constitucionales que protegen la transparencia y la eficiencia en la gestión de los fondos públicos.
