La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está bajo investigación por supuestamente ajustar una licitación para la administración de 138 equipos básicos de atención integral de salud (Ebáis) y 10 áreas de salud, favoreciendo a cooperativas adjudicadas.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan los sobreprecios implicados en el proceso.
Según el fiscal general Carlo Díaz, la Junta habría intervenido para anular una licitación en curso y realizar un nuevo proceso, causando un presunto perjuicio al Estado de más de ₡12.400 millones anuales. Se alega que los directivos de la CCSS, aprovechando sus posiciones, modificaron las condiciones de la licitación para beneficiar a Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco, cuyas ofertas fueron consideradas «excesivas».
El nuevo contrato, que incrementa los costos en un 33%, representa un gasto significativamente mayor que si la Caja asumiera el servicio directamente. Además, la adjudicación fue otorgada por un plazo de 10 años, superando el límite de 4 años que establece la Ley General de Contratación Pública.
Por este caso, la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, fue detenida junto con otros funcionarios y exfuncionarios de apellidos Camareno, Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós, quienes figuran como sospechosos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
El asesor legal de la Junta, David Valverde, informó que la institución está cooperando con las autoridades para facilitar la investigación.
