Estudio de la UCR: Ley Jaguar es una estrategia para distraer y adelantar campaña electoral
Un reciente análisis realizado por el Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha desnudado la estrategia detrás del referéndum impulsado por el presidente Rodrigo Chaves, calificándolo como una maniobra política que responde más a intereses electorales que a un genuino propósito institucional.
Este estudio, liderado por Alejandro Molina Ramírez, investigador principal del OPNA, y Rotsay Rosales-Valladares, Coordinador del Observatorio, destaca que la propuesta del referéndum no solo busca desviar la atención pública de problemas críticos que enfrenta el país, sino que también pretende mantener al Gobierno en una permanente campaña electoral, lo que fortalece la figura del presidente ante ciertos sectores de la población.
El estudio del OPNA, titulado “Un país paralizado por el populismo, la posverdad, la polarización y la disputa entre élites”, abarca el período de abril a junio del presente año y realiza un análisis detallado sobre la situación política actual en Costa Rica, con especial énfasis en las tácticas comunicacionales y estratégicas del Gobierno de Chaves.
Según el informe, la propuesta de referéndum ha sido planteada por el Ejecutivo como un tema prioritario en la agenda pública, a pesar de que Costa Rica enfrenta otros desafíos más urgentes que han sido dejados de lado.
El referéndum como distracción y monopolización del debate público
El OPNA señala que el referéndum propuesto por Chaves es una herramienta efectiva para monopolizar el debate público y desviar la atención de la ciudadanía de otros asuntos en los cuales el Gobierno ha demostrado poca capacidad de resolución.
Entre los temas que han quedado relegados se encuentran la creciente crisis de inseguridad, el deterioro de la educación pública, y la disminución en la inversión social, todos ellos de vital importancia para el desarrollo del país y la calidad de vida de sus habitantes.
Además, el informe subraya que el referéndum desvía la atención de discusiones con un alto potencial de movilización social, como la apertura del mercado eléctrico o la situación financiera de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Estos temas, según el OPNA, podrían generar una fuerte oposición y resistencia por parte de diversos sectores de la sociedad, por lo que la estrategia del referéndum resulta conveniente para el Ejecutivo al centrar el debate en un tema controlado y manejable.
El uso electoral del referéndum
Uno de los aspectos más preocupantes que destaca el estudio del OPNA es el uso del referéndum como una herramienta de campaña adelantada.
La propuesta de referéndum, presentada por Chaves el pasado 2 de mayo durante su discurso de rendición de cuentas, incluye temas de alto perfil como la venta del Banco de Costa Rica (BCR), la apertura del mercado eléctrico y la implementación de jornadas laborales excepcionales de cuatro días laborando y tres días libres.
Posteriormente, el 5 de junio, el presidente Chaves acudió a la Asamblea Legislativa, acompañado por la mayoría de su gabinete, para presentar el proyecto de ley Jaguar, que en esencia propone reformas a varios artículos de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), la Ley General de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Japdeva.
El análisis del OPNA resalta que la línea de comunicación adoptada por el Poder Ejecutivo en torno al referéndum se asemeja más a una estrategia de campaña electoral que a una comunicación institucional.
Esta táctica, según los investigadores, busca mantener al Gobierno y a la Asamblea Legislativa en una dinámica donde el presidente se fortalece frente a su base de apoyo, evitando así una disminución en su popularidad y posicionamiento político.
El estudio también señala que la propuesta de referéndum coloca al presidente en una posición de “ganar-ganar”, independientemente de la decisión que tome la Asamblea Legislativa.
Si los diputados aprueban la convocatoria a referéndum, el presidente se adjudica un triunfo político al posicionar su agenda en el centro del debate nacional.
En caso contrario, si la Asamblea rechaza la convocatoria, Chaves podría utilizar esta decisión como un argumento para intensificar su discurso confrontativo y polarizador, acusando al Legislativo de “entorpecer” y “obstruir” sus iniciativas, lo que podría fortalecer su posición frente a su base electoral.
Críticas de la oposición y riesgos para la institucionalidad
La propuesta de referéndum no ha estado exenta de críticas por parte de la oposición política.
Diputados de diferentes partidos han manifestado su preocupación por lo que consideran un uso indebido de esta herramienta democrática.
Antonio Ortega, jefe de fracción del Frente Amplio (FA), advirtió que el referéndum impulsado por Chaves es una excusa para adelantar la campaña electoral, disfrazado bajo el pretexto de una consulta popular.
Ortega señaló que, aunque su partido apoya la figura del referéndum como mecanismo de participación ciudadana, preocupa el uso que el Gobierno le está dando para introducir temas que podrían debilitar las instituciones del Estado, como es el caso de la Contraloría General de la República.
Ortega también cuestionó las constantes referencias del presidente Chaves a las elecciones de 2026, argumentando que este enfoque distorsiona la discusión pública y le resta valor a los temas realmente importantes que deberían ser tratados en un referéndum.
El diputado expresó que la preocupación central radica en que el referéndum se utilice como un “Caballo de Troya” para introducir reformas que reduzcan el rol fiscalizador de la Contraloría, lo cual podría tener graves consecuencias para la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.
Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también ha expresado su preocupación por lo que considera un uso estratégico del referéndum como plataforma para una campaña política adelantada.
Castro señaló que el despliegue mediático y político en torno a la propuesta de referéndum evidencia una intención clara de mantener al país en un estado de polarización, lo que podría tener efectos negativos en la cohesión social y en la capacidad del Gobierno para abordar los problemas más urgentes.
Por su parte, Kattia Cambronero, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), manifestó su alarma ante la posibilidad de que el referéndum genere expectativas que luego no se puedan cumplir.
Cambronero cuestionó el gasto de recursos públicos en un proceso de consulta popular para un tema que podría haberse tramitado mediante un proyecto de ley ordinario.
La diputada también criticó lo que percibe como una estrategia electoral del Gobierno, destinada a construir una base de apoyo sólida con miras a las próximas elecciones, lo cual considera un exceso que podría socavar la institucionalidad democrática del país.
Impacto en la institucionalidad y el discurso confrontativo
Otro aspecto que resalta el estudio del OPNA es el impacto que la propuesta de referéndum y la estrategia de comunicación del presidente Chaves están teniendo en la institucionalidad del país.
Andrea Álvarez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), calificó como un “circo” la forma en que el presidente presentó el proyecto de referéndum en la Asamblea Legislativa, criticando lo que percibe como un enfoque populista y de espectáculo político, que falta al respeto a la división de poderes y a la institucionalidad costarricense.
Álvarez sostuvo que, aunque cree en el referéndum como una herramienta de participación ciudadana, la manera en que el presidente ha manejado el tema sugiere que está más interesado en generar una cortina de humo para ocultar su incapacidad para resolver los problemas nacionales.
La diputada advirtió que el discurso polarizador del presidente está exacerbando las divisiones en la sociedad costarricense, sin ofrecer soluciones concretas a los desafíos que enfrenta el país en áreas como la educación, la salud y la seguridad.
Gloria Navas, diputada independiente, reiteró su preocupación por la falta de puentes de comunicación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, señalando que el discurso confrontativo del presidente Chaves está debilitando los órganos de control del Estado.
Navas afirmó que el Gobierno actúa de mala fe, con la intención de socavar la institucionalidad y prolongar su permanencia en el poder mediante tácticas que considera inaceptables para la democracia costarricense.
El informe del OPNA concluye que el referéndum propuesto por el presidente Rodrigo Chaves no es más que una herramienta política destinada a distraer a la población, mantener la polarización y adelantar la campaña electoral.
En lugar de abordar los problemas estructurales que afectan a Costa Rica, el Gobierno ha optado por centrar el debate en un tema que le permite controlar la narrativa pública y evitar rendir cuentas sobre su gestión en áreas clave.
Los analistas del OPNA advierten que, de continuar por este camino, el país podría enfrentar un deterioro en su institucionalidad democrática y un aumento en la polarización social, con consecuencias imprevisibles para el futuro de la nación.
