Diputados debaten dos controversial Proyectos de Ley de Seguridad
Los diputados han expresado preocupaciones sobre dos proyectos de ley en materia de seguridad, ambos con potencial para complicar la operatividad del Estado y posiblemente violar derechos constitucionales.
Uno de los proyectos es el expediente 22.834, una reforma que permite el secuestro de capitales sin un origen lícito aparente. Esta iniciativa, conocida como «extinción de dominio», proviene de la administración Alvarado Quesada.
El proyecto permite a la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Ministerio Público intervenir bienes de funcionarios públicos y personas privadas, si hay un incremento de capital no justificado de al menos $50,000 en un periodo de 10 años. Este proceso no requiere audiencia previa.
El segundo proyecto, expediente 23.986, busca endurecer las medidas cautelares, incluyendo la prisión preventiva. Este proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, permitiría al tribunal ordenar prisión preventiva cuando exista riesgo para la víctima, la persona denunciante, testigos, o la comunidad, considerando las circunstancias del hecho y las condiciones de los involucrados.
Ambos proyectos ya están en el plenario. El proyecto de secuestro de capitales fue aprobado en primer debate, pero enfrenta trabas debido a dudas sobre su aplicación y las entidades autorizadas para intervenir sin audiencia previa. El proyecto de prisión preventiva también genera controversia; especialistas advierten que podría llevar a sanciones internacionales y conflictos constitucionales.
Los diputados han decidido proceder con cautela. Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), y Gloria Navas, diputada independiente, subrayaron la necesidad de analizar cuidadosamente ambos proyectos. En una reunión del PLN, se acordó no apresurarse debido a las preocupaciones técnicas y legales emergentes.
Gilberth Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, mencionó la importancia de avanzar con los proyectos, pero también de buscar consenso, si es necesario, posponiendo debates para resolver dudas.
El 28 de mayo, diputados de varias fracciones se reunieron con especialistas para analizar el expediente sobre prisión preventiva. Todos coincidieron en que el proyecto podría acarrear una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gustavo Chan, exjuez y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, destacó la necesidad de definir claramente los términos utilizados en el proyecto para evitar interpretaciones arbitrarias.
En cuanto al proyecto de secuestro de capitales, la mayoría de las fracciones tienen reservas sobre otorgar facultades a entidades como la Contraloría y el Ministerio de Hacienda. Izquierdo del PLN destacó el peligro de que el Ministerio de Hacienda actúe como una policía financiera. Priscilla Vindas del Frente Amplio cuestionó la eficacia de establecer un umbral de $50,000, sugiriendo que las organizaciones podrían eludir la ley realizando transacciones menores.
María Marta Carballo, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), abogó por otorgar una audiencia a los investigados después de la congelación de bienes, para salvaguardar derechos fundamentales.
Las fracciones parlamentarias deberán definir próximamente el futuro de estas iniciativas, evaluando los cambios necesarios para asegurar que las leyes no violen derechos fundamentales ni generen conflictos internacionales.
