Corte ordena entregar información sobre tierras en Gandoca-Manzanillo
La Sala Constitucional resolvió de manera parcial el recurso de amparo presentado por el ambientalista Marco Levy, ordenando a altos funcionarios del gobierno entregar información pública relacionada con la situación de tierras en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
La sentencia impone un plazo de 10 días hábiles a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y al presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), Osvaldo Manuel Artavia, para que respondan a las solicitudes de Levy.
El recurso fue interpuesto tras la falta de respuesta de las autoridades a una solicitud realizada por Levy el 7 de marzo, en la que pedía información sobre la recuperación de terrenos en el refugio, siguiendo una sentencia de la misma Sala en 2019.
Dicha resolución había ordenado la protección de 188 hectáreas de tierras desafectadas en 2014, donde se han reportado actividades ilegales de tala.
Investigaciones y denuncias sobre el refugio
El activista ambiental denunció que dentro del área protegida se están comercializando propiedades de manera ilegal, y afirmó que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) podría estar implicado en estas irregularidades.
Según Levy, la comercialización de estos terrenos se lleva a cabo a pesar de que la Sala Constitucional dictaminó su recuperación en la sentencia 2019-012745.
Levy también había solicitado la anulación de permisos de construcción y fraccionamientos en la zona, pero los magistrados no dieron lugar a esta petición, limitándose a ordenar la entrega de información.
La Corte determinó que tanto el INDER como el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) deben coordinar para cumplir con el mandato judicial y suministrar los datos requeridos por Levy.
Tensión por tierras y vínculos empresariales
Este conflicto por las tierras en Gandoca-Manzanillo ha generado polémica, pues se investiga a un empresario de apellidos Pacheco Dent, quien tiene lazos cercanos con el presidente Rodrigo Chaves.
El activista Levy asegura que la falta de acción de las autoridades está favoreciendo intereses privados en detrimento de la conservación ambiental.
La resolución de la Sala marca un paso hacia la transparencia en la gestión de estos terrenos, aunque las demandas más amplias de Levy en cuanto a la protección efectiva del refugio no fueron atendidas en su totalidad.
