Contraloría: Ley Jaguar Amenaza Fiscalización
La Contraloría General de la República (CGR) ha presentado una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional sobre el proyecto de ley jaguar, promovido por el Poder Ejecutivo para ser votado a través de un referéndum. Este paso se une a una consulta previa realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Argumentos de la CGR
En su comunicado de prensa, la CGR explicó que busca un análisis exhaustivo de las reformas propuestas, señalando vicios graves que impedirían que el proyecto sea sometido a referéndum. La entidad advierte que la reducción del sistema de fiscalización afecta principios, derechos y jurisprudencia constitucional, y altera la distribución de competencias previstas por el legislador constituyente.
La CGR destaca que el proyecto de ley impulsado por la Administración Chaves Robles (2022-2026) compromete sus facultades de fiscalización y control sobre el uso de recursos públicos.
Cambios Propuestos y sus Implicaciones
El informe de la CGR señala que la reforma al Artículo 9 de la Ley General de Control Interno elimina controles previos esenciales, como la aprobación presupuestaria de municipalidades e instituciones descentralizadas, y el refrendo de contratos. Además, las modificaciones a los artículos 11, 12 y 17 de la Ley Orgánica de la CGR suprimen el control de eficiencia en el manejo de fondos públicos y la legalidad de los controles internos.
Estas reformas impedirían a la CGR utilizar instrumentos vinculantes y preventivos necesarios para corregir el mal uso de recursos públicos de manera oportuna. La CGR también critica la propuesta de suprimir la capacidad de adoptar medidas cautelares durante investigaciones o procedimientos sancionatorios.
Impacto en la Fiscalización y Control
La CGR argumenta que las reformas no solo violan su independencia, sino que también deterioran la calidad de los insumos que proporciona a la Asamblea Legislativa para el control político. La entidad cita la jurisprudencia de la Sala Constitucional que establece que las competencias de control y fiscalización deben ser fortalecidas, no disminuidas.
La reforma al Artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública y el numeral 5 bis de la Ley de Japdeva permitirían la selección directa de contratistas sin garantías adecuadas, violando principios de transparencia, rendición de cuentas, y libre competencia, según la CGR.
Conclusión y Responsabilidad
La CGR concluye que el proyecto de ley compromete el diseño constitucional de sus competencias, el sistema de frenos y contrapesos, y el modelo de Estado Democrático y Social. También se violan principios de eficacia y eficiencia en la función administrativa, y se compromete la independencia del Órgano Contralor.
Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, enfatizó la responsabilidad de defender el modelo democrático y la Constitución Política de 1949, que ha beneficiado a generaciones de costarricenses. La CGR no emitirá criterios adicionales hasta que se resuelvan las gestiones en el TSE y la Sala Constitucional.
