Chaves y Tattenbach bajo investigación por tráfico de influencias
La Fiscalía General de Costa Rica ha iniciado una investigación contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, por presuntas irregularidades en el caso relacionado con el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Esta investigación se centra en posibles delitos cometidos en la concesión de permisos de tala a la sociedad Playa Manzanillo S.A., representada por el empresario de apellidos Pacheco Dent.
Pacheco Dent, quien es vecino de Chaves en un residencial entre Curridabat y Tres Ríos, mantiene una relación cercana con el mandatario.
Esta cercanía se evidencia en sus múltiples visitas a Casa Presidencial entre 2022 y 2023, y en la organización de varias fiestas, a las que asistieron altos funcionarios del gobierno, en una finca propiedad de la entonces esposa de Pacheco.
Uno de estos eventos sociales fue organizado a petición de Chaves, quien se ha negado a presentar las facturas del mismo, argumentando que cada asistente llevó sus propias bebidas.
La Fiscalía ha confirmado que tanto Chaves como Tattenbach son investigados bajo la causa 24-000041-0033-PE por el presunto delito de tráfico de influencias.
Según la investigación, los permisos otorgados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para la tala de 29 árboles en 16 hectáreas de terreno, presuntamente ubicadas dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, podrían estar vinculados a un proyecto urbanístico que busca desarrollar frente al mar.
Este terreno, que en su momento formó parte del refugio, fue desafectado en 2014 mediante una ley.
No obstante, la Sala Constitucional ordenó en 2019 que fuera nuevamente demarcado como parte del refugio, algo que aún no ha sido concretado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder).
Además de Chaves, Tattenbach y Pacheco Dent, están bajo investigación varios funcionarios del Sinac, entre ellos, el jefe de la subregión Limón-Talamanca del Área de Conservación La Amistad Caribe (Aclac), de apellidos Campbell Lindo; el coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección Aclac-Sinac, de apellidos Salas Rodríguez; la administradora del refugio, de apellidos Cruz Torres, y una regente ambiental particular de apellidos Camacho Calvo.
El Ministerio Público sostiene que entre enero y abril de 2024, Pacheco Dent, con el objetivo de interrumpir los ciclos naturales del agua y cambiar el uso de un ecosistema de humedal en su propiedad, ordenó a terceros no identificados drenar el terreno mediante la creación de canales o zanjas para reducir el nivel del agua.
La Fiscalía Ambiental ha señalado que la cobertura boscosa de la zona habría sido sistemáticamente reducida a través de talas ilegales, con el fin de abrir claros en el bosque y reducir la densidad de árboles, estratos y demás elementos que definen el concepto de bosque.
Esto habría permitido a los involucrados obtener un permiso bajo la modalidad de inventario forestal y proceder a una tala rasa, con la aparente intención de urbanizar el área y vender lotes a particulares a precios elevados, algunos de los cuales ya habrían sido ofrecidos en sitios web.
Este caso continúa siendo objeto de una exhaustiva investigación por parte de la Fiscalía General, la Fiscalía Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), quienes buscan esclarecer las responsabilidades y posibles delitos cometidos en relación con la protección del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
