Perjuicio económico por robo de combustible sigue a la baja: Reducción de 68,33% entre el 2023 y el 2026

El impacto económico provocado por el robo de combustible en Costa Rica muestra una reducción sostenida durante los últimos años. El perjuicio asociado a este delito disminuyó un 68,33% entre el primer cuatrimestre del 2023 y el mismo periodo del 2026, en medio de una estrategia que fortaleció la investigación, la denuncia y la articulación interinstitucional para combatir esta problemática.

Datos de Recope revelan que, entre enero y abril del 2023, el perjuicio económico ascendió a ₡1.133 millones, mientras que para el primer cuatrimestre del 2026, la cifra cayó a ₡359 millones. La reducción ha sido progresiva.

En el 2024, las pérdidas económicas vinculadas con el robo de combustible alcanzaron ₡740 millones y, en el 2025, ₡666 millones, reflejando una tendencia sostenida a la baja en el impacto financiero de este delito. El comportamiento coincide con la disminución en otros indicadores relacionados con las perforaciones ilegales al poliducto nacional. Durante el primer cuatrimestre del 2023 se intervinieron 66 tomas ilegales. Un año después se contabilizaron 51 casos; en el 2025 la cifra cayó a 26 y, para el mismo periodo del 2026, se reportaron 16 perforaciones clandestinas. Esto representa una reducción del 75,75% al comparar los primeros cuatro meses del 2023 con los del 2026. También disminuyó el volumen de combustible sustraído.

Mientras en el primer cuatrimestre del 2023 se reportó el robo de aproximadamente 1,9 millones de litros, en el 2024 y el 2025 la cifra rondó los 1,4 millones de litros. Para el 2026, el volumen sustraído descendió a cerca de 730.000 litros, equivalente a una caída del 62,95%. La presidenta de Recope, Karla Montero Víquez, atribuyó estos resultados al cambio de enfoque adoptado por la empresa a partir del 2022. “Recope tomó la decisión de dejar de ser una víctima pasiva frente al robo de combustible y asumir un rol mucho más activo en la investigación, la denuncia y el acompañamiento técnico a las autoridades encargadas de combatir este delito, eso nos ha venido dando réditos a lo largo del tiempo y hemos visto una población más consciente e informada”, afirmó Montero.

Según explicó, la estrategia incluyó un fortalecimiento de la coordinación con cuerpos policiales, autoridades judiciales y otras instituciones vinculadas con la seguridad nacional. “Hemos trabajado de manera articulada con policías, agentes judiciales, fiscales y otros actores clave. Incluso desarrollamos procesos de capacitación técnica para fortalecer las investigaciones y mejorar la capacidad de respuesta frente a este delito”, indicó. La jerarca señaló que el robo de combustible trasciende el impacto económico y representa una amenaza directa para la seguridad de las comunidades, el ambiente y la estabilidad energética del país. Las perforaciones clandestinas en el poliducto pueden generar fugas, incendios, explosiones y contaminación ambiental, además de comprometer la continuidad del abastecimiento de combustibles. “Cada toma ilegal implica un riesgo enorme. Estamos hablando de estructuras clandestinas que manipulan combustible de manera altamente peligrosa. Combatir este delito también significa proteger vidas humanas, resguardar el ambiente y defender la seguridad energética nacional”, sostuvo. Aunque las cifras muestran una reducción importante, las acciones preventivas y de vigilancia deben mantenerse de manera permanente. Por eso, Recope recuerda que cualquier persona puede denunciar de forma gratuita y confidencial casos relacionados con robo, transporte, almacenamiento o venta irregular de combustible mediante la línea 1-0-0-2.