Sociedad civil LGBTIQA reaccionan molestos ante la salida de Costa Rica del núcleo LGBTI.

Comunicado Sociedad civil LGBTIQA

Sociedad civil LGBTIQA+ desmiente argumento falso del Canciller para sacar a Costa Rica del Grupo Núcleo LGBT de la OEA

Desde la sociedad civil LGBTIQA+ expresamos nuestra preocupación ante la decisión del Gobierno de Costa Rica de retirarse del Grupo Núcleo LGBT de la OEA.

Este paso marca un alejamiento preocupante de la tradición del país como referente en derechos humanos y envía una señal negativa tanto a nivel nacional como internacional.

Rechazamos las manifestaciones del Canciller:

1. Es falso lo que argumenta el Canciller: Costa Rica sí tiene tareas pendientes y en el país no se ha completado la protección plena de los derechos humanos.

El argumento de que en Costa Rica se ha completado la protección plena de los derechos humanos de todas las minorías es evidentemente falso y no se sostiene frente a la realidad.

Si bien el país ha tenido avances importantes (que se encuentran amenazados), persisten deudas estructurales graves, por ejemplo:

● Costa Rica no cuenta con una ley integral de identidad de género, lo que deja a las personas trans y personas no binarias en un limbo jurídico e institucional.

Por ejemplo, desde el 2022 organizaciones de personas no binarias han documentado más de 20 rechazos de cambio de nombre por parte del Registro Civil del TSE.

Estas omisiones no son un detalle administrativo: tiene consecuencias directas en el acceso a la salud, el empleo, la educación y el ejercicio de los derechos político-electorales.

● No existe una prohibición expresa de las mal llamadas terapias de conversión, prácticas que constituyen tortura y han sido condenadas internacionalmente.

● El Estado ha quedado debiendo en áreas críticas como salud y educación, donde continúa la discriminación a través de las barreras de acceso, las prácticas excluyentes y estigmatizantes y la falta de políticas públicas efectivas dirigidas a poblaciones LGBTIQA+.

● El gobierno hizo retroceder al país más de una década en temas de Educación Sexual Integral afectando los derechos no sólo de personas LGBTIQA+ sino también de la niñez y adolescencia en su conjunto. Además, eliminó los protocolos específicos de atención contra el bullying, siendo los espacios educativos clave en temas de discriminación.

● En materia de VIH, persisten desafíos significativos: estigma y discriminación en los servicios de salud, barreras en el acceso oportuno a diagnóstico, tratamiento y prevención, así como retrasos en el financiamiento y la falta de políticas integrales con enfoque de derechos humanos dirigidas a poblaciones clave.

Estas brechas no solo afectan la calidad de vida, sino que comprometen la respuesta nacional al VIH.

● Según el Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025 de Naciones Unidas,

los ataques hacia personas LGBATIQ+ aumentaron un 344% en Costa Rica, siendo el tipo de discriminación con el mayor crecimiento registrado, en un contexto en que el total de discursos de odio en el país supera los 2,1 millones de registros.

● El incumplimiento del Estado en la recolecta de datos de la población LBT como se ha sugerido reiteradamente en los Exámenes Periódicos Universales.

Además de la falta de datos recopilados por el estado en relación con los temas LGBTIQA+.

A esto se suma un hecho particularmente preocupante: la ausencia total de institucionalidad especializada, como una figura de comisionado o instancia de alto nivel que articule políticas públicas en esta materia, así como la ruptura del diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil.

2. La decisión no sorprende: responde a una política exterior de retrocesos en derechos humanos.

La decisión de retirarse del Grupo LGBTIQA+ de la OEA no es un hecho aislado porque forma parte de un patrón más amplio en la política exterior del actual Gobierno, caracterizado por el distanciamiento de espacios multilaterales de derechos humanos, decisiones unilaterales que debilitan el compromiso histórico del país con el derecho internacional y un reposicionamiento ideológico que prioriza agendas políticas por encima de estándares de derechos humanos.

Esta decisión también es parte de acciones internas del Gobierno que han deteriorado la relación con nuestras poblaciones como ataques y deslegitimación de espacios como el Pride (fundamentales para la visibilidad y defensa de derechos), ausencia de canales de diálogo efectivos con sociedad civil, ruptura de prácticas democráticas básicas y falta de avances concretos en políticas públicas inclusivas, especialmente para las poblaciones más excluidas.

Este tipo de retrocesos afectan la credibilidad internacional que Costa Rica antes mantenía en materia de derechos humanos.

Nuestro país, que históricamente fue referente en este ámbito, incluso liderando este mismo grupo en el pasado, hoy envía una señal preocupante: abandona espacios de cooperación precisamente cuando más se necesitan.

No se trata solo de una decisión de política exterior, sino de mala intención política para hacer retroceder derechos humanos en el país.

Las personas LGBTIQA+ somos parte integral de la sociedad costarricense.

Somos ciudadanos y ciudadanas que trabajamos, estudiamos, contribuimos y construimos país todos los días. Invisibilizarnos, excluirnos o desconocer nuestros derechos no sólo representa un retroceso, sino también una contradicción con los valores democráticos que habían caracterizado históricamente a Costa Rica.

Consideramos que las declaraciones y justificaciones brindadas por el Canciller se apartan de la realidad nacional; una realidad donde aún existen brechas importantes, donde la desigualdad persiste y donde la defensa de los derechos humanos debe fortalecerse, no debilitarse.

Costa Rica no puede permitirse retroceder en materia de derechos humanos, inclusión y democracia. Tampoco puede sostener un discurso internacional de derechos humanos mientras se retira de los espacios donde esos derechos se defienden, ni puede afirmar liderazgo cuando abandona a las poblaciones que aún enfrentan discriminación estructural.

Desde la sociedad civil LGBTIQA+ reiteramos que:

● Los derechos LGBTIQA+ no están plenamente garantizados en Costa Rica y el Estado debe trabajar para asegurarlos.

● El país tiene obligaciones internacionales claras que no pueden estar sujetas a los vaivenes de los políticos de turno.

● Las decisiones del Gobierno representan un retroceso preocupante, tanto a nivel nacional como internacional.

Firmamos las siguientes organizaciones y personas: