Diputados eligen celulares de alta gama con fondos públicos
Desde 2014, la Asamblea Legislativa ha proporcionado a cada diputado un plan de telefonía celular, incluyendo el dispositivo, mediante un convenio con la empresa estatal Kölbi.
Este beneficio, que permite a los legisladores cambiar de teléfono cada dos años, ha generado controversia por la reciente elección de modelos de alta gama por parte de la mayoría de los diputados.
Recientemente, 24 legisladores optaron por el iPhone 15 Pro Max, el modelo más caro disponible en el mercado nacional, como parte de la renovación de sus planes gratuitos.
Otros diputados han seleccionado también teléfonos de alta gama como el Samsung S24 Ultra y Plus. Según cifras proporcionadas por Kölbi, el iPhone 15 Pro Max de 256 GB tiene un valor de ¢811,000, mientras que el Samsung S24 Ultra de 512 GB cuesta ¢661,000 al contado.
El costo promedio mensual que la Asamblea Legislativa paga por cada plan de telefonía, incluidos los dispositivos, ronda los ¢78,000, lo que se traduce en un gasto mensual de aproximadamente ¢2.7 millones financiados con recursos públicos.
Sin embargo, no todos los diputados hacen uso de este beneficio.
De los 57 legisladores, 42 han optado por recibir el celular y el plan, mientras que 15 decidieron no utilizarlo.
Dentro de estos últimos se encuentran figuras de diversas fracciones políticas, incluyendo a Rodrigo Arias y Andrea Álvarez del Partido Liberación Nacional (PLN), y Pilar Cisneros del oficialismo.
Además, cabe señalar que los diputados reciben un salario mensual de ¢3 millones (después de las rebajas de ley), además de un monto adicional correspondiente al valor de 500 litros de gasolina súper para uso discrecional, equivalente a ¢359,000 por mes.
En cuanto a la administración de estos dispositivos, originalmente los diputados debían devolver los teléfonos al finalizar su mandato o cuando concluyera el plan.
Sin embargo, desde 2020, el Directorio Legislativo explora la posibilidad de permitir a los legisladores conservar los aparatos, pagando un valor estimado según su condición.
El debate sobre la pertinencia de este beneficio y la utilización de recursos públicos continúa en el seno del Congreso y en la opinión pública.
