El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) presentó una denuncia ante el Ministerio Público y dictó medidas cautelares contra siete funcionarios por supuestas irregularidades en el Proceso Especial de Protección de niños, niñas y adolescentes.
La denuncia, interpuesta en 2023, alega irregularidades en las acciones psicosociales y legales destinadas a garantizar la atención integral de menores de edad.
Durante julio, se ordenaron medidas cautelares que incluyen la suspensión de labores de trabajadores sociales, abogados, psicólogos y un coordinador en distintas partes del país. Estas medidas, parte de la investigación preliminar, son prorrogables.
El Proceso Especial de Protección abarca acciones para asegurar el interés superior de los menores, desde orientación y apoyo hasta cuido provisional en familias sustitutas y abrigo temporal.
Este proceso garantiza el principio de defensa y debido proceso en decisiones administrativas relacionadas con los derechos de niños y adolescentes.
Kennly Garza, Presidenta Ejecutiva del PANI, destacó la política de cero tolerancia hacia las faltas de los funcionarios y enfatizó que todas las medidas administrativas y judiciales necesarias serán tomadas.
“El accionar del PANI y de cada uno de los trabajadores debe responder al interés superior de cada niño, niña y adolescente”, afirmó Garza.
En este contexto, se presentará una modificación al Proyecto de Ley 23.672, enfocada en mejorar la gestión y fortalecer el Proceso Especial de Protección.
Esta modificación busca monitorear y supervisar las condiciones de los menores en alternativas de protección, así como revisar periódicamente su situación legal.
Además, en colaboración con UNICEF, se desarrollará un nuevo modelo de acogimiento familiar con el apoyo de una auditoría externa.
Este modelo pretende fortalecer las alternativas que permitan a los menores crecer en un entorno familiar, considerado el mejor espacio para su desarrollo integral.
