La grave lesión a la salud pública causada por Acueductos y Alcantarillados (AYA)
En enero pasado, Acueductos y Alcantarillados (AYA) incurrió en una «grave lesión» a la salud pública al tardar en admitir que el agua contaminada en Tibás y zonas vecinas contenía hidrocarburos, específicamente xileno.
Esta determinación fue realizada por los magistrados de la Sala Constitucional al resolver un recurso de amparo presentado por un vecino de Tibás que se vio afectado por la contaminación del agua con xileno.
El afectado, un hombre de 69 años, alegó que la situación causada por la contaminación del agua potable ponía en grave riesgo la salud y vida de los habitantes de la zona. Además, comentó que se vio obligado a comprar agua, ya que no podía utilizar el líquido para beber, cocinar o bañarse.
La falta de un sistema eficiente de prevención contra la contaminación
Debido a estos hechos, el Tribunal Constitucional estimó que AYA demostró no tener un sistema eficiente de prevención contra la contaminación de fuentes de agua potable, lo que facilitó que se diera la situación en las comunidades afectadas.
Asimismo, los magistrados determinaron que las autoridades de la institución no tuvieron los protocolos efectivos una vez que los vecinos denunciaron la contaminación del líquido vital.
El aviso de contaminación llegó por primera vez el lunes 22 de enero del 2024, cuando varios vecinos denunciaron problemas con el agua potable.
Sin embargo, no fue sino hasta el 25 de enero que se confirmó por parte del Ministerio de Salud la presencia de contaminantes por hidrocarburos, según detalló el magistrado Paul Rueda.
Las medidas tomadas por los magistrados
Ante esta situación, los magistrados decidieron tomar las siguientes medidas:
- Garantizar de forma inmediata, a través de alguna vía alternativa, el suministro diario de suficiente agua potable para suplir las necesidades básicas de la población afectada.
- Realizar análisis técnicos del agua en las fuentes que abastecen las comunidades al menos trimestralmente.
- Solucionar de forma definitiva el problema de contaminación en las zonas afectadas en un plazo de un mes, contando a partir de la notificación de esta sentencia.
- Iniciar las investigaciones preliminares para determinar la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados.
Por mayoría, los magistrados declararon con lugar el recurso alegando la lesión de los derechos constitucionales al buen funcionamiento de los servicios públicos, acceso al agua potable y la salud.
Además, se informó que AYA será condenado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos anteriormente citados.
