Dirección General de Adaptación Social rechaza señalamientos de maltrato a privados de libertad.

• Un cúmulo de versiones falsas que circulan en medios de comunicación y en redes sociales trata de distorsionar la realidad interna del Sistema Penitenciario Nacional, donde prevalece la disciplina, el orden y el control, aunque incomode y moleste a algunos.
San José, 11 de octubre del 2026.
La Dirección General de Adaptación Social, en el ejercicio de las competencias conferidas por su Ley de Creación y el Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional, particularmente en materia de tratamiento, ubicación y traslado de los privados de libertad, rechaza categóricamente cualquier señalamiento que atribuya a esta administración actuaciones arbitrarias, agresiones físicas, golpes, traslados injustificados o prácticas que puedan constituir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En el marco de la coyuntura actual, la Dirección General de Adaptación Social, en coordinación con la Dirección de la Policía Penitenciaria, ha venido desarrollando acciones sistemáticas de control, supervisión y requisas en los distintos ámbitos de los establecimientos penitenciarios del país con el propósito de fortalecer el orden, la disciplina, la seguridad institucional y el cumplimiento efectivo de la normativa penitenciaria.
Estas acciones marcan un hito en el fortalecimiento del orden y la disciplina dentro del Sistema Penitenciario Nacional, en concordancia con la línea de gestión establecida desde el 8 de mayo del 2026 con la llegada del señor ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, cuya orientación ha sido clara en cuanto al fortalecimiento de la autoridad institucional, el respeto a la legalidad y la recuperación del control efectivo de los centros penitenciarios.
De igual manera, esta Dirección General rechaza la falsedad con la que se intentó instalar la versión del fallecimiento de un privado de libertad como consecuencia de una presunta agresión, que no existió, y cuyo reporte surgió de la mala fe de personas sin escrúpulos que quisieron forzar esa mentira como una realidad.
En observancia de los principios de legalidad, transparencia, probidad y responsabilidad que rigen la función pública, esta Dirección General considera indispensable brindar información clara y responsable a la ciudadanía y, particularmente, a las familias de las personas privadas de libertad.
En ese sentido, se informa que las actividades institucionales se mantienen bajo los mecanismos ordinarios de supervisión y control, garantizando la continuidad de los servicios esenciales, entre ellos la alimentación, la atención en salud y el régimen de visitas, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Es importante señalar que las manifestaciones de resistencia frente a las medidas de control y disciplina penitenciaria no deslegitiman las competencias, ni las obligaciones de la administración
para garantizar la seguridad, el orden y la convivencia dentro de los establecimientos penales.
No obstante, toda actuación institucional debe ejecutarse con estricto apego al ordenamiento jurídico y al respeto de los derechos fundamentales.
La disciplina penitenciaria no es una medida discrecional, sino una condición indispensable para garantizar la seguridad, la convivencia y el adecuado funcionamiento del Sistema Penitenciario
Nacional.
Esta Dirección General reafirma que el ejercicio de la autoridad penitenciaria constituye una responsabilidad irrenunciable del Estado, que debe desarrollarse con firmeza, legalidad y respeto a la dignidad humana.
El orden, la disciplina y la seguridad no son negociables, aunque a algunos les moleste y les incomode; su cumplimiento constituye una obligación institucional en beneficio de la población penitenciaria, del personal y de la seguridad del país.
Lucrecia Tejada Cordoncillo
Directora general de Adaptación Social











